La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense se reunió en el Salón Antonio Cafiero, bajo la conducción de su presidenta, la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria), y avanzó con el tratamiento de distintas iniciativas vinculadas al empleo público, la situación laboral y los derechos de los trabajadores.
Participaron de la reunión Fernando Coronel (Fuerza Patria), Mónica Macha (Fuerza Patria), Luciano Olivera (La Libertad Avanza) y Analía Balaudo (La Libertad Avanza). De manera virtual participaron Roxana López (Fuerza Patria), Pablo Petrecca (PRO) y Sabrina Bastida (Fuerza Patria).
Uno de los principales proyectos analizados fue el presentado por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria), que propone crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.
La iniciativa parte de considerar al crédito como una herramienta legítima para los trabajadores y sus familias, pero plantea que su utilización debe ser compatible con la preservación de una porción suficiente del salario para atender las necesidades ordinarias de subsistencia.
En ese marco, el proyecto establece que las obligaciones dinerarias asumidas voluntariamente por los agentes públicos no puedan afectar más del 30 por ciento de la remuneración neta protegida, de manera que como mínimo el 70 por ciento del haber neto quede disponible para el trabajador.
Durante el tratamiento de la iniciativa participó también Alicia Muñiz, secretaria administrativa del bloque de Fuerza Patria, quien brindó detalles y precisiones sobre el proyecto y sus alcances.
Tras el análisis realizado por los integrantes de la comisión, el proyecto de Berni quedó en estudio.
También se abordó el proyecto presentado por la senadora Betina Riva (La Libertad Avanza), que propone modificar artículos de la Ley 10.430, Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública. La iniciativa busca adecuar la normativa para garantizar que el acceso y la permanencia en el empleo público de las personas trasplantadas o que se encuentran en lista de espera no se vea obstaculizado por interpretaciones restrictivas de la aptitud psicofísica. El proyecto también quedó en estudio.
Por otra parte, la comisión trató una serie de proyectos de declaración, que recibieron el visto bueno por mayoría. Entre ellos, se aprobó la iniciativa de Federico Fagioli (Fuerza Patria), que declara su repudio a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que revocó la medida cautelar correspondiente al programa “Volver al Trabajo”.
También se aprobaron por mayoría los proyectos de Fernando Coronel (Fuerza Patria), que declara preocupación por la situación laboral de la República Argentina; de Roxana López (Fuerza Patria), referido al cierre de las plantas textiles Will Der S.A. de Tigre y Las Flores; de María Rosa Martínez (Fuerza Patria), que expresa beneplácito por el pronunciamiento de la Cámara Nacional del Trabajo, Sala I, sobre la inconstitucionalidad del pago de las sentencias en cuotas, del 27 de agosto de 2026; de Laura Clark (Fuerza Patria), que manifiesta preocupación por la situación de la planta Cahue de Granja Tres Arroyos S.A., en el partido de Capitán Sarmiento; y de Mónica Macha (Fuerza Patria), que expresa repudio por los despidos en la panificadora La Perla.
Finalmente, los integrantes de la comisión tomaron conocimiento de una nota presentada por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), mediante la cual solicita participar en la discusión del proyecto de Ley A-3/26-27, referido al Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales.
También se tomaron conocimiento de las comunicaciones remitidas por los concejos deliberantes de San Nicolás, Escobar y General Rodríguez. Las mismas expresan preocupación o rechazo a distintas iniciativas de reforma previsional de las cajas de jubilaciones y pensiones provinciales no transferidas al Estado nacional, a la reforma previsional de los trabajadores docentes y estatales bonaerenses y a cualquier modificación que implique una disminución de derechos adquiridos.