Un Estado al servicio de la impunidad
Por Joaquín Morales Solá / La Corte Suprema de Justicia podría avalar de hecho en los próximos días la destitución de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que juzgaron o juzgarán los delitos de corrupción durante la anterior era kirchnerista. Al mismo tiempo, el jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, anunció que esa agencia gubernamental se retirará como querellante de las causas que investigan la corrupción de gobiernos pasados, sobre todo del kirchnerismo. Si la Corte Suprema se inclinara por favorecer indirectamente los intereses del Gobierno, será el Estado argentino en la cabeza de sus tres poderes (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) el que habrá decidido abandonar la revisión -y la consiguiente sanción- de los hechos de corrupción que saquearon el dinero público.