10 oct. 2018
Salud mental
Jornada para visibilizar el trabajo realizado en los hospitales y analizar los desafíos de la Ley 26.657.
En el Día Mundial de la Salud Mental,  el Senado reunió a autoridades y trabajadores de distintos establecimientos bonaerenses para revisar las cuestiones pendientes de la ley nacional sancionada en el año 2010, a la que adhirió la Provincia tres años más tarde.
“Construyéndonos en Movimiento” es una jornada que surge como iniciativa para trabajar con personas que sufren problemáticas de salud mental; y por otro lado, visibilizar las producciones que realizan los pacientes en los talleres productivos de los hospitales.
Desde temprano, los presentes circularon por el Edificio Anexo contemplando las exposiciones fotográficas y plásticas, y los distintos stands que vendían productos elaborados por personas que padecen problemáticas de salud mental.
Al momento de la apertura, tomó la palabra el subsecretario de Protección de Derechos Humanos bonaerense,  Sebastián Javier Pereiro , uno de los impulsores del encuentro.
“Estas jornadas buscan desnaturalizar los preceptos de encierro y poner en tela de juicio cuál es el tratamiento y atención que brindamos a estas personas”, indicó el funcionario.
En esa línea, pidió evaluar las condiciones materiales de encierro en los hospitales y los equipos terapéuticos.
“La ley de salud mental nos impulsa a buscar otras soluciones. El encierro no es parte del tratamiento, estas personas pueden desarrollarse libremente”, planteó.
Posteriormente, el defensor del pueblo Guido Lorenzino ponderó la ley de salud mental, aunque aclaró que aún falta para cumplir llevar a la práctica los objetivos que contempla.
“La situación de crisis económica nos tiene que ayudar a avanzar en el cambio cultural”, explicó, y agregó que la ley invita a lograr ese propósito, más allá de las limitaciones materiales.
A su turno, el defensor del pueblo adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, recordó que la ley de salud mental se aprobó hace ocho años y bregó por la existencia del mayor nivel de protección posible.
“Hay que remover los obstáculos para que se aplique del todo la ley”, remarcó.
La diputada y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara baja bonaerense, Alejandra Lorden, también destacó la importancia de implementar la norma en su totalidad.
“Lo que nos sobra es ley, ya que es de avanzada y de vanguardia, pero hay una dificultad para implementarla. Entre todos vamos a poder avanzar”, sostuvo.
A su turno, el subsecretario de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física y Mental y de las Adicciones, Hernán Forli, propuso reforzar el trabajo comunitario y consideró sustancial el rol que cumplen los hospitales.
“Agradezco este espacio para que los hospitales puedan contar que están haciendo”, afirmó.
A cargo del cierre estuvo el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso. En su intervención, el funcionario dijo que implementar la ley exige poner en agenda el tema.
“Esta jornada es un buen ejercicio para cumplir ese objetivo. Se trata de transformar la realidad, porque todavía estamos lejos de cumplir esta ley”, explicó.
Entre los presentes, estuvieron el senador Alejandro Cellillo, la diputada Anahí Bilbao y trabajadores de la salud mental de distintos puntos de la Provincia.

 Derechos contemplados en la Ley

Una persona con padecimiento mental tiene derecho a ser atendido en el hospital general, y si se rechaza la atención por el solo hecho de tratarse de un problema de salud mental, comete un acto discriminatorio.
Además, el paciente debe recibir la alternativa terapéutica más conveniente, que limite menos sus derechos y libertades y que colabore para la integración familiar, laboral y comunitaria; y a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares.
También podrá tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades y no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin su consentimiento.
De acuerdo a la norma, el Estado deberá asegurar y proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales, y el acceso a los servicios que la promuevan y protejan.