La tradicional mesa de reuniones afincada en el interior del despacho presidencial del Cuerpo, ofreció el escenario propicio para que Daniel Salvador y el titular del organismo contralor, Gastón Ignacio Messineo, estamparan su firma en el acta que suscribe el acuerdo.
Participaron del acto,  el secretario Administrativo del Senado, Claudio Alfonsín; el director General de Administración, Hernán Bravo; el prosecretario Administrativo, Germán López; el director de Asuntos Legales Legales,  Pablo Nicoletti; y el secretario Legal y Técnico de la Contaduría General, Guillermo Comadira.
Salvador remarcó las buenas expectativas con relación a esta concordancia.  “Es inédito en la esfera del Poder Legislativo”, proclamó,  ya que es la primera vez que el Senado, “solicita a un organismo mayor el control de sus gastos.  Fomenta mayor celeridad y transparencia”,  razonó.
Sin dilación, mostró su agradecimiento a la colaboración que brindó la Contaduría en la concreción de la medida y aseveró: “Todo lo que redunde en una mayor transparencia en cuestiones administrativas, es una señal importantísima hacia una sociedad que nos demanda honestidad”.
Por último, instó a los funcionarios a continuar con  el trabajo conjunto que “nos  facilite celeridad en los trámites de los tres poderes del Estado”.
El compromiso refrendado,  se desgrana en tres puntos medulares.
Establece un marco de colaboración institucional que habilite la puesta en práctica de actividades conjuntas,  que permitan el intercambio de conocimiento en gestión pública, con el objetivo de lograr una mayor transparencia y control de los fondos públicos, con el compromiso de lograr probidad, honestidad y calidad del gasto público.
También, dispone la intervención previa de la Contaduría en las actuaciones administrativas de las que deriven procesos de contrataciones de bienes y servicios en el ámbito del Senado, en el marco del Decreto Provincial N° 1.300/16 y del Decreto N° 30/17 del Presidente del Cuerpo.
Por último, apunta al fomento y  la celeridad en el asesoramiento, además de  propiciar un mayor control y velar por la integridad del patrimonio estatal.
Lo pactado tiene una duración contractual de tres años, y consta de un convenio marco y un acta complementaria.